Las reflexiones de Rodrigo

Alberto Etchegaray

Es frecuente que los presidentes del Banco Central hagan algún guiño comunicacional a la coyuntura económica del país. ¿hay burbuja inmobiliaria?, ¿está considerando el consejo una intervención para equilibrar el tipo de cambio? ¿hay riesgo de sobrecalentamiento de la economía? Pero lo que no es tan frecuente es que esos presidentes reflexionen en extenso acerca de la filosofía regulatoria que guía su actuar.



Por eso es noticia -y buena- la presentación que hace unos días tuvo Rodrigo Vergara en un seminario sobre regulación financiera, donde comentó algunas de las lecciones aprendidas por los banqueros centrales en las crisis recientes. Varias interesantes, pero hay una que, por su importancia e impacto en el mercado, merece una mirada con más detalle.

Me refiero a los alcances de una posible reforma a la regulación macro prudencial, planteada como alternativa “en estudio” por el ministro de Hacienda hace algunas semanas. Vergara señaló que la toma de riesgos en el sistema financiero va variando en el tiempo, e interactúa con los ciclos económicos y financieros de los mercados, justificando la existencia de nuevas regulaciones macro prudenciales. Hasta ahí de texto su intervención. Lo interesante, en mi opinión, son las condiciones mínimas que él fija previo a hacer cualquier ajuste en esa línea. 
Señala, por ejemplo, que se deben identificar adecuadamente las fases del ciclo económico en las cuales se implementan este tipo de medidas, evitando los riesgos de adelantar o retrasar su aplicación. Que se debe resolver las interacciones entre política monetaria y regulación macroprudencial, pues “la tasa de interés es muchas veces un instrumento demasiado grueso para objetivos macroprudenciales. Y que se debe definir un diseño institucional que coordine de mejor manera a los bancos centrales con el accionar de los supervisores financieros sectoriales.

Todas muy válidas. Pero, en mi opinión, la condición mínima más relevante planteada por Vergara es que cualesquiera sean las medidas que esté evaluando el Ministerio de Hacienda, deben ser analizados los efectos que éstas pueden generar.

En otras palabras, existe un riesgo que la autoridad no esté calibrado adecuadamente el análisis costo-beneficio de los potenciales ajustes que se estarían estudiando. Y es un riesgo no menor porque, tal como se ha planteado en ocasiones anteriores en esta columna, una de las tareas más pendientes de nuestra institucionalidad es que el proceso de generación de nueva regulaciones es abundante en buenas intenciones pero carente de estudios que justifiquen su implementación. Y no de cualquier tipo de estudios, sino derechamente de evaluaciones ex ante de costo-beneficio elaboradas por entidades independientes a la agencia o repartición que platea la nueva regulación.

Así, y tal como ocurre en mercados y jurisdicciones más avanzadas, las reformas regulatorias sólo deberían ver la luz si la evaluación independiente concluye que el impacto de la modificación generará un beneficio agregado superior al costo que pueda implicar su implementación. 
No puedo estar más de acuerdo con Rodrigo.